El caso Cassez, un montaje ajeno a la realidad.

Guillermo Ortega.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución  y en los tratados internacionales de los  que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse […]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad […] el Estado deberá  prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Lo anteriormente escrito son líneas extraídas del artículo primero de nuestra Constitución.

En un país como México  resulta menester el conocimiento y dominio de nuestros derechos fundamentales para evitar ser sorprendidos por nuestras autoridades, como le sucedió a la ciudadana de origen francés Florence Cassez Crepin,  recluida –hasta el día de hoy-  en el penal de Tepepan, acusada de delitos como delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad  en su modalidad de secuestro, esto en perjuicio de al menos 2 personas.

El día de hoy se reunieron los cinco ministros que integran el pleno de la Primera Sala de la SCJN  para analizar los casos pendientes a resolver, entre ellos el de Cassez que tenía el amparo  número 517/2011.

La explosión de información en la red es evidente, pero la falta de opiniones bien objetivas y bien argumentadas es mayor.  Florence Cassez  saldrá libre, así se dictamino ya por una votación de los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero Dávila de García Villegas. La pregunta que yo me hago al igual que muchos de ustedes en estos momentos es si la liberación es justa o injusta, y enseguida doy mi respuesta.

El “caso Cassez” es una herencia más del gobierno de Felipe Calderón, un mandato lleno de soberbia, nepotismo y corrupción; por si esto fuera poco fue flanqueado por personajes como Genaro García Luna, quien hizo de la seguridad nacional un asunto mediático lleno de irregularidades y montajes ajenos a la realidad. Desde mi perspectiva es éste personaje el culpable de muchas otras atrocidades y no sólo de la liberación de  Florece Cassez.

García Luna es el responsable de que el punto central de la justicia penal se haya trasladado de los juzgados a los foros y locaciones, creando en consecuencia una justicia mediática y de opinión pública.

La detención  de Cassez, presentada ante millones de personas en tiempo real no resulta ser otra cosa que un reality judicial, ficción al estilo hollywoodense que ha modificado la percepción pública en lo que respecta al famoso caso. Seguir con la línea discursiva en defensa de las supuestas víctimas de la ciudadana francesa no correspondería a otra cosa que seguir el juego establecido por el entonces titular de la SSP. La justicia no se hace por opinión.  El esquema de trabajo de García Luna representaba la condena y sentencia de los presuntos culpables desde el día uno, vicio judicial contra el que muchos luchamos hasta el día de hoy.

Estimados lectores, no se confundan por favor, Florence Cassez saldrá libre y  no por ser inocente – aunque ese es un hecho que jamás se aclaró y por el cuál yo le otorgo el beneficio de la duda tras haber escuchado las acusaciones y testimonios-  sino por que fue víctima en la violación de sus derechos humanos  por parte de la autoridad mexicana.  Si se violan las garantías de un inculpado el proceso se cae, es una máxima para los juristas y es lo que precisamente pasó. El suceso de hoy es justicia, no para las víctimas de secuestro, pero justicia al final del día.

Si aspiramos como sociedad a un nuevo orden judicial debemos empezar por reconocer que lo de hoy es un acierto por parte de la SCJN, al menos para los que sabemos que ahora los tratados como la  Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares de 1963 y el Convenio de Estrasburgo  sobre traslado de personas condenadas de 1983 tienen tanto valor como la Constitución Mexicana.

Si no hay una certeza más allá de toda duda razonable se es inocente, y al menos yo nunca pude observar – fuera de lo que presentaba García Luna-  evidencia que me indicara que Cassez es culpable.

Enhorabuena.